En primer lugar, celebro que estos foros rumbo a la reforma electoral y del Estado hayan comenzado con el análisis de la paridad. Es de suma relevancia porque una vez más, se hace explícito el compromiso de la “legislatura de la paridad de género” para avanzar en los derechos político-electorales de las mujeres. Razón por la que me siento sumamente honrada de estar hoy con ustedes y, sobre todo, compartiendo con las distinguidas integrantes de la mesa.

Tras más de 20 años de modificaciones a las leyes electorales mexicanas y en 2014, a la propia Constitución, el pasado jueves 6 de junio, la reforma constitucional en materia de paridad de género –mejor conocida como paridad en todo– fue finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hasta hoy, 28 congresos locales la han aprobado por unanimidad. Faltando Aguascalientes, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, a quienes desde aquí y de manera muy respetuosa les hacemos un llamado a decir sí a la paridad.

Ante ello, muchos hombres en política se preguntarán ‘¿qué más quieren las mujeres si ya obtuvieron lo que tanto buscaban?, o ‘¿qué es lo que sigue si ya tienen la paridad?’. Como estas preguntas, las mujeres hemos escuchado decenas de ellas. Por esto, y en un intento de encaminar las reglas para hacer efectiva la paridad en todo, quiero aportar una serie de elementos para que los legisladores no se pierdan mucho en el camino. Ya que como las mujeres bien sabemos, el tiempo apremia y sobre todo, con un proceso electoral a la vuelta de la esquina.

Primero. Abrir la política.

En nuestro país, históricamente ha existido un “estereotipo del político” personificado por un hombre, no joven, no indígena, heterosexual, bien vestido y rodeado de un grupo de personas que le asisten para llevar a cabo sus labores. Si alguien se aleja de este estereotipo, posiblemente su andar en la política sea un poco más complejo. Por no decir, sumamente complicado o retador.

Éste es el caso de las mujeres, de las jóvenes, de las indígenas, de todas aquellas que siguen siendo consideradas como extranjeras o ajenas a la toma de decisiones, a llegar a puestos de representación, a ocupar la silla presidencial, o bien, a liderar un grupo parlamentario o un partido político. Y es en éste último punto donde quiero enmarcar los siguientes aspectos.

Segundo: La paridad de género no puede, ni debe, verse como una dádiva.

La paridad es un principio de justicia y un atributo de un sistema que se jacta de ser democrático. Como bien se dice: Sin mujeres, no es democracia. En tal virtud, los partidos políticos deben de dejar de utilizar alternativas –o mejor dicho, estrategias de simulación– para incumplir con lo establecido en la ley. Entre ellas, lo que algunos hicieron en relación a las candidaturas trans o lo que denomino ‘ingeniería de cuotas’ que no es otra cosa que cubrir dos o más espacios con un mismo perfil. Por ejemplo, una mujer joven indígena.

Para ello, quienes integran las cúpulas partidistas –en su mayoría quienes se apegan al “estereotipo del político”– deben dejar su doble discurso. No pueden apoyar la paridad de género y vanagloriarse por ello, mientras hacia dentro siguen replicando prácticas patriarcales que tanto daño han hecho a la sociedad, y por ende a la política.

Tercero: Paridad de género en todos los órganos de los partidos políticos.

Para modificar estas lógicas, se necesita que la paridad se implemente al interior de los partidos. Sobre todo en sus máximos órganos de decisión y sin regateos, nepotismo u obligando a las propias mujeres a ocupar los espacios. Porque sí, algunas mujeres son obligadas a ser candidatas o a ocupar ciertas posiciones porque sus jefes, compañeros o esposos suponen que estos les pertenecen. Es decir, para terminar con la apropiación masculina de los espacios, es necesario que las mujeres participen de manera igualitaria. Es urgente que las mujeres en el poder, en este caso en los partidos políticos, tengan verdadera autonomía y poder.

Al igual que la paridad de género debe implementarse en los partidos políticos, es urgente hacerlo al interior de los grupos parlamentarios. Un ejemplo claro y rotundo. Al inicio de ésta, la “legislatura de la paridad de género” y la que nos ha colocado como el cuarto país con el mayor número de legisladoras, no había una sola coordinadora de bancada. Actualmente, cuatro de las 16 posiciones, están ocupadas por mujeres. Es decir, la cuarta parte de las coordinaciones.

¿Y por qué es importante este punto? Porque las y los coordinadores de los grupos parlamentarios constituyen la Junta de Coordinación Política, mejor conocida como JUCOPO, la cual es el órgano colegiado en cada una de las cámaras donde se toman las decisiones. Por esa y varias razones más es que se hace urgente que las mujeres participen en igualdad de condiciones y resultados en los órganos directivos o de gobierno. Nunca más una decisión sin incluir a las mujeres.

Cuarto: Capacitación y financiamiento.

Una de las condiciones para que la paridad en todo sea efectiva es que las mujeres que participan en política reciban capacitación, acompañamiento y respaldo de sus partidos políticos. Si bien, el tres por ciento del financiamiento que los partidos reciben para sus actividades ordinarias debe destinarse a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, es por demás conocido el uso ineficiente que se le ha dado a estos recursos. Imposibilitando con ello, el cumplimiento de los objetivos para lo que fue diseñado.

Asimismo, se deben cerrar las brechas que existen en la distribución del financiamiento entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en las campañas políticas. No me refiero únicamente al recurso monetario, también es necesario hablar del acceso a los tiempos en radio y televisión o del despliegue de estructuras que los partidos realizan antes, durante y después de la jornada electoral. Es ahí donde las mujeres siguen estando en desventaja.

Quinto: No más violencia contra las mujeres en política.

Para que la paridad en todo sea efectiva es urgente legislar en esta materia. Si bien, se han registrado importantes avances –sobre todo en lo local–, la falta de reconocimiento del fenómeno y su inclusión en las leyes generales mexicanas ha contribuido a que más mujeres sean objeto de múltiples y simultáneas expresiones de violencia y discriminación, obstaculizando así el ejercicio de sus derechos, en especial a vivir una vida libre de violencia y a participar en los asuntos públicos del país.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya establece los tipos de violencia que existen: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y feminicida. El paso que falta es reconocer en la ley que estos tienen lugar en el ámbito político y que tiene consecuencias no solo para quienes deben enfrentarlos, sino para el sostenimiento de la vida democrática en México.

En resumen. La reforma electoral y del Estado debe posibilitar la apertura de la política para que cualquier persona ejerza plenamente sus derechos político-electorales y reforzar así las bases para que la paridad en todo sea una realidad, pero libre de resistencias y violencia contra las mujeres.

No puedo concluir mi participación sin decir que una sociedad que reconozca a las mujeres como ciudadanas de primera, es posible. Una política que pueda desarrollarse en conciliación con lo personal y familiar. Una donde las mujeres ya no sean vistas como extranjeras o ajenas, también. Es decir, la paridad de género debe traducirse en una política más humana y estructurada en relaciones de igualdad y, en consecuencia, en la posibilidad de avanzar en la calidad de vida de las personas. De ahí, la trascendencia de la participación de las mujeres en todas las decisiones públicas, entre ellas, las concernientes a la Reforma electoral y del Estado.

Nunca más una decisión sin nosotras. Muchas gracias.

*El foro «Las Reformas del Estado – Las reglas para hacer efectiva la paridad en todo», se llevó a cabo el día 11 de junio de 2019 en el Congreso de la Union de la Ciudad de México. En donde participaron la diputada Martha Tagle, la ministra en retiro y ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero; Janine Otálora Malasis, exmagistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Anabel López Sánchez, en representación del Instituto Nacional de Pueblos indígenas; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Paula Adriana Soto Maldonado; la exgobernadora y exdiputada Amalia Garcí; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann.